Plantean que el gobierno indemnice a particulares por daños atribuibles a la administración pública

* El diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial

Chilpancingo, Gro., 3 de mayo del 2022. El diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero y sus Municipios, con el objeto de que los entes públicos estatales o municipales se hagan responsables por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, causen en los bienes o derechos de los particulares, garantizándoles el derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Al explicar el sentido de la iniciativa, el diputado promovente resaltó que la mayoría de los estados del país cuentan con dicho ordenamiento jurídico, a excepción de Yucatán y Guerrero, hecho que debe ser revertido para que esta entidad y sus municipios garanticen la reparación integral de los daños personales, materiales y morales, así como perjuicios que sean consecuencia inmediata y directa de la actividad administrativa irregular de los entes públicos.

Argumentó el legislador que la actuación de los servidores públicos debe adecuarse a los procedimientos democráticos y constitucionales, apegados a los principios y valores propios de la ética pública, la transparencia y el combate a la corrupción, con la finalidad de garantizar políticas públicas eficientes y eficaces.

Dijo que para dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero y sus Municipios, en caso de ser aprobada, los sujetos obligados deberán elaborar su presupuesto anual para cuantificar el monto de las indemnizaciones, en cantidad líquida y en una partida presupuestal, suma que deberá destinarse a cubrir los gastos que llegaran a derivarse de responsabilidades patrimoniales.

Deberán preverse las indemnizaciones que no hayan podido ser pagadas en los ejercicios fiscales anteriores, con el objeto de ser liquidadas.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación correspondientes.