No autorizará el Congreso créditos ni ampliaciones a más de 40 ayuntamientos

* La Ley de Cuenta Pública establece que los préstamos sólo serán para inversión pública productiva, no para pagar laudos laborales, advierte la diputada Alicia Zamora Villalva

Chilpancingo, Gro., 25 de mayo del 2022. El Congreso del estado está imposibilitado para autorizar a más de 40 ayuntamientos ampliaciones presupuestales y la contratación de créditos con bancos para que paguen laudos que derivaron de juicios laborales, porque la Ley de Cuenta Pública establece que los préstamos sólo serán para inversión pública productiva, no para pagar laudos laborales, y porque los presupuestos municipales se calculan con una fórmula que estableció el Congreso federal.

Esta declaración dada por la diputada Alicia Zamora Villalva dejó al descubierto que los 80 ayuntamientos de Guerrero están endeudados por laudos laborales que derivaron de despidos injustificados, cuyos montos siguen creciendo porque los alcaldes de desentienden de sus responsabilidades institucionales aduciendo que son problemas que ellos no generaron.

La legisladora informó que ante la posibilidad de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje multe a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Flor Añorve, por no resolver solicitudes de préstamos o de ampliaciones presupuestales que presentaron más de 40 alcaldes para pagar laudos laborales, las comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública se instalaron en sesión permanente para dictaminar un paquete de peticiones con apego a la ley.

La legisladora dijo que a sabiendas de que el Congreso del estado no está autorizado por ley a dar permiso a los ayuntamientos para contratar créditos con bancos para que paguen laudos laborales, ni para asignarles ampliaciones presupuestales, los alcaldes recurren a esa treta para dilatar los juicios laborales y dejar de lado las deudas institucionales, como el pago de laudos.

Los alcaldes recurren a esa estrategia de manera reiterada, para evadir el proceso de la ejecutoria de laudos laborales, y los requerimientos que les hace el tribunal laboral, agregó la diputada priísta.

Explicó que hay juicios laborales que están en la etapa ejecutoria, en la que los jueces piden al Congreso que responda a las solicitudes de préstamos que hicieron alcaldes para pagar los laudos, “pero la Ley de Deuda Pública señala que no se pueden autorizar préstamos si éstos no son para proyectos de carácter productivo, es decir, no se pueden autorizar préstamos para el pago de deudas laborales”.

En el estado de Guerrero son más de 40 los municipios que deben laudos laborales o que tienen juicios laborales en curso, y todos los alcaldes piden autorización al Congreso para contraer deuda pública, o en su caso que les autoricen ampliaciones presupuestales para saldar sus compromisos financieros, indicó.

En las peticiones, los alcaldes piden al Congreso que establezcan las bases para pedir los créditos a los bancos, “a lo que me he negado porque los alcaldes deben circunscribirse a la ley. Sin embargo, el artículo 61 de la Constitución y la Ley de Coordinación Fiscal establecen que el Congreso establecerá las bases, y en cumplimiento de esas leyes habrá bases para algunas solicitudes; a otros alcaldes les diremos que no se puede; y a otros les diremos que el Congreso no puede autorizarles ampliaciones presupuestales”.

Esto es: cada bloque de ayuntamientos tendrá su respuesta de acuerdo a la solicitud y a los casos presentados, indicó.

Informó que las dos comisiones dictaminarán y aprobarán un paquete de solicitudes de préstamos y de ampliaciones presupuestales antes del 10 de junio; de lo contrario, el tribunal laboral multará a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso por omisión, por ser la representante del Congreso.

Insistió en que por medio de solicitudes que entregan al Congreso para que les autoricen préstamos bancarios, los presidentes municipales tratan de evadir su responsabilidad.

“Esto es una falta de responsabilidad de los alcaldes”, dijo y agregó: “Cuando un presidente municipal encabeza un ayuntamiento sólo le interesan los beneficios y las bondades de ser alcalde, y el poderío de ser alcalde o alcaldesa, cuando deberían de atender las deudas de carácter institucional”, indicó.

Citó que es común que, por asesoramiento de sus abogados, los presidentes municipales recurran a prácticas dilatorias, prolongan los tiempos, aducen que solicitaron préstamos o ampliaciones presupuestales con el propósito de heredar las deudas por laudos laborales a la próxima administración.

También dijo que es muy común que las y los presidentes municipales se escuden en el Congreso diciendo que éste debe autorizar préstamos y ampliaciones presupuestales, por lo que los exhortó a que no eludan sus responsabilidades de carácter institucional, y que sean prudentes en el ejercicio del gasto público.