La remoción de la fiscal no se cumplió con el derecho de audiencia, critican

* El exdiputado federal Rubén Cayetano García, considera que no se sustanció ningún procedimiento para sancionar a Sandra Luz Valdovinos

* El derecho de audiencia, establecido en la constitución, “no se pide, se otorga”, observa el ex diputado local Evencio Romero

* Lo peor que puede pasar, es que recurra a los tribunales y sea reinstalada

Marcial Campuzano

El ex diputado federal Rubén Cayetano García, señaló que no se sustanció ningún procedimiento para sancionar a la ex fiscal de Guerrero Sandra Luz Valdovinos Salmerón, por las irregularidades y omisiones en que incurrió, “porque hay un boquete y un vacío jurídico entre la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Constitución Política del Estado desde hace muchos años que no ha sido subsanado.

Además, se pronunció porque los gobiernos federal y estatal y a la Fiscalía General de la República, den certeza jurídica al procedimiento que derivó del ataque perpetrado contra estudiantes de la normal de Ayotzinapa que dejó un normalista muerto. Pidió que ese hecho sea visto como un asunto de interés general para toda la sociedad guerrerense.

El también abogado litigante señaló que las dimisiones de los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Ludwig Marcial Reynoso y Rolando Solano Rivera, respectivamente, fueron decisiones correctas; y que la remoción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos fue acertada porque los 3 eran insostenibles legal y políticamente.

En las instalaciones de la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Rubén Cayetano dijo que no se debe pasar por alto que desde mucho antes de los acontecimientos del 7 de marzo en el viejo Libramiento a Tixtla, el gobierno del estado y Fiscalía exhibieron una descoordinación institucional como responsables de la seguridad, la investigación y la persecución de delitos, lo cual causa preocupación “porque se genera un vacío de atribuciones con ausencia de gobernabilidad”.

Señaló, que con su silencio, los diputados avalaron el oficio o aviso que hizo llegar la gobernadora al Congreso local, mediante los cuales los enteró de su determinación de remover a la fiscal del cargo, pero no estableció la aplicación de sanción alguna porque hay omisiones legislativas y legales en las leyes.

En los hechos, el Congreso renunció de forma tácita al análisis y resolución en el plazo de los 10 días que la Constitución le confiere, y sin que el plazo haya transcurrido, lanzó de manera inmediata la convocatoria para elegir a un nuevo fiscal, convalidando la decisión de la gobernadora pero en términos políticos, no estrictamente legales.

El ex diputado federal señaló que la ex fiscal Sandra Luz Valdovinos le quedó mal al pueblo, “nos falló más allá de que no se sometió al examen de control de confianza, o de que puso en peligro o riesgo la paz social, y su arrogancia de pedir licencia hasta por 6 meses constituye un abandono de funciones, más allá de eso las causas graves deben probarse, y eso es lo preocupante en este momento”.

Aclaró que bajar los índices delictivos no son en sentido estricto funciones de la Fiscalía, “las funciones son esencialmente de investigación, persecución de delitos y de procuración de justicia ante los tribunales para tener órdenes de aprehensión, procesar a presuntos delincuentes y lograr una sentencia condenatoria, esa es la función de la Fiscalía”, no como erróneamente se dijo.

En todo caso, sí le corresponde a la Fiscalía acabar con la impunidad, para que las y los guerrerenses “tengamos más gobernabilidad, desarrollo, paz y bienestar”, explicó.

Cayetano García, dijo que no se sustanció ningún procedimiento contra la ex fiscal de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos prevista en la Constitución, “porque hay un boquete y un vacío jurídico monumental” porque hay omisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Alertó que sería preocupante para la sociedad en general, que la ex fiscal recurra a los tribunales y suceda lo que ocurre en otros estados como Morelos, en donde hay un largo litigio por el cual los tribunales reinstalaron al fiscal Uriel Carmona, a pesar de graves señalamientos en su contra, “eso sería lo peor que pudiera pasarle al estado de Guerrero”.

Por estar chuecas y desfazadas las leyes en Guerrero, es prácticamente imposible sancionar a un mal servidor público, todo parece que están hechas a propósito las omisiones, para evitar que se sancione a un mal servidor público.

Derecho de audiencia

El ex diputado local Evencio Romero, alertó que podría quedar sin efecto el procedimiento que inició el Congreso del estado para designar a un nuevo fiscal, porque los legisladores no concedieron el derecho de audiencia a la ex titular de la Fiscalía General del Estado Sandra Luz Valdovinos para que se defienda, con lo que el procedimiento de destitución no ha concluido.

Agregó, que si bien la titular del Poder Ejecutivo del estado tiene la facultad de solicitar la remoción del fiscal o de la fiscal en turno, el Congreso debió haber iniciado el procedimiento correspondiente, considerando el escrito que presentó la gobernadora para que la ex fiscal que es señalada de haber incurrido en omisión en el ejercicio de sus funciones, asista ante la comisión legislativa correspondiente para que argumente en su defensa, y aporte las pruebas que considere necesarias.

Después de ese procedimiento el asunto dictaminado es turnado al pleno para que en una sesión, cuando menos las 2 terceras partes de los diputados aprueben o rechacen la destitución.

Según Evencio Romero, los diputados que integran la Junta de Coordinación Política cometieron un grave error tal vez por las prisas, pero lo cierto es que debe cumplirse un procedimiento.

Señaló que es aún más grave lo que señaló a medios de comunicación la presidenta de la Junta de Coordinación Política Citlalli Calixto, al señalar que la ex fiscal Sandra Luz Valdovinos no pidió o solicitó el derecho de audiencia para que sea escuchada. “Esto demuestra una ignorancia supina de la legisladora, porque la garantía de audiencia no se pide, se otorga como lo establece el artículo 14 y 16 Constitucional”.

La garantía de audiencia es un derecho humano establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, avalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “con lo que el Congreso está violentando el derecho constitucional y humano de la ex fiscal, por lo tanto, dejan a salvo los derechos de Sandra Luz Valdovinos de recurrir la convocatoria que emitieron los diputados porque es ilegal, porque debió agotarse el procedimiento establecido para escuchar y vencer a la ex fiscal”.

Y abundó: el Congreso debió haberle notificado a la ex fiscal el escrito enviado por el Poder Ejecutivo en el que la acusan de muchas cosas, con el propósito de que comparezca ante la comisión legislativa que corresponda, para efecto de determinar si efectivamente la ex funcionaria incurrió en los señalamientos de los que se le acusa.

Sintetizó diciendo, que el Congreso del estado inició un procedimiento viciado, porque nadie puede ser vencido en juicio si no es escuchado y sin presentar pruebas para su defensa. Evencio Romero sugirió a los diputados que lean los artículos 14 y 16 constitucionales.

– ¿Esto significa que se podría caer el procedimiento que utilizan los diputados para destituir a la fiscal y elegir al sucesor?

– Si la fiscal recurre a la instancia legal correspondiente, se va a llevar a la chingada este procedimiento porque es ilegal, qué le cuesta a la Junta de Coordinación Política mandarle el oficio a la ex fiscal, y agotar los días que establece la Constitución.

Explicó que a partir de que el Congreso recibió el escrito de la gobernadora Evelyn Salgado, corre un plazo de 10 días para que el Congreso se pronuncie o haga mutis, pero también dentro de ese plazo debe notificarle a la ex fiscal el escrito recibido en su contra.

Insistió en que si Sandra Luz Valdovinos interpone un recurso jurídico, quedará sin efecto la convocatoria que expidió el Congreso para elegir a un nuevo o nueva fiscal general en Guerrero.