La JUCOPO “al parecer” da carpetazo a investigaciones internas del Congreso de Guerrero

Chilpancingo, Gro., diciembre 28.- La Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, dio carpetazo a la investigación realizada por una comisión especial para castigar con la aplicación de la ley, al o a los diputados que alteraron la nueva Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado, cuya modificación ilegal fue impresa en el Periódico Oficial del gobierno del estado, cuya edición fue desechada al percatarse diputados perredistas de la ilegalidad cometida.

Esta acción inédita en materia legislativa, mereció el enojo y hasta amenazas de diputados de las fracciones parlamentarias y representaciones partidistas de aplicar la ley a quienes incurrieron en esa irregularidad que es constitutiva de delito, pero a 8 largos meses de haber ocurrido nada ha pasado, y la modificación a leyes aprobadas quedó como un simple incidente, al grado que diputados de Morena se negaron a firmar el dictamen que elaboró una comisión especial, cuyo contenido descubre a quien incurrió en la falta.

El 12 de abril de este año, el pleno de diputados aprobó por unanimidad de votos la nueva Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Guerrero, que estipula las bases de coordinación y colaboración entre esta entidad y con la Federación las entidades federativas, sus municipios y sus pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, así como con todas las instituciones que por las actividades que realizan contribuyen a los fines y el desarrollo de este ámbito.

Previo a la aprobación de la ley, el Congreso llevó a cabo un proceso de consulta con el objeto de que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, participaran en el análisis de las iniciativas de Ley, reformas y adiciones en materia de Seguridad Pública, Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, cubriendo las fases preconsultiva, informativa y recepción de propuestas, documentos que se remitieron a las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Indígenas y Afromexicanos para que procediera a emitir el dictamen en cuestión.

Tras haber sido aprobada la nueva Ley de Seguridad Pública, el Poder Legislativo la envió al Poder Ejecutivo para que fuera publicada en el Periódico Oficial, lo cual ocurrió el 14 de abril, y el 17 del mismo mes el diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez denunció que el texto del referido ordenamiento había sido modificado, es decir, se publicó algo que no fue aprobado por los diputados.

El texto original controvertido que aprobaron los diputados que generó polémica dice: “Lo dispuesto en el artículo 1 fracción II, 8 fracción IV, 17 fracción XXIV, artículo 30 fracción VIII de la presente Ley, surtirá sus efectos una vez aprobados los Decretos que contengan las reformas y adiciones al Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y a la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, ambas en materia de Seguridad Comunitaria”.

Y lo publicado en el Periódico Oficial del Estado con las modificaciones ilegales señala: “Lo dispuesto en los artículos 1, fracción II, 8, fracción IV, 17, fracción XXIV, el artículo 30, fracción VIII, de la presente Ley, no entrarán en vigor hasta que concluya la consulta mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 81/2018, y en su caso el Congreso deberá realizar las reformas o adiciones necesarias a estos”.

Ante estas irregularidades, el Congreso integró una Comisión Especial de Diputados para investigar las modificaciones ilegales, cuya presidenta integró un dictamen que ningún diputado de Morena quiso avalar con su firma.

Su contenido no ha sido dado a conocer, pero se intuye que dejó al descubierto al o a los responsables de las modificaciones ilegales hechas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado.

Con ello queda claro que ese tema fue archivado sin sanciones a quienes cometieron el grave delito de alteración de documentos, y lo mismo seguramente ocurrirá contra quien ordenó de manera ilegal y arbitraria la demolición del edificio de la Biblioteca de la sede del Poder Legislativo, cuya reconstrucción costará más de 30 millones de pesos.