Coyunturas políticas: No hay dinero y adeudan a todos

* Decena de asuntos pendientes en el Congreso

Rafael Solano

Jubilados de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública protestaron para exigir el pago de pensiones, que llevan atrasadas de 9 meses a un año. Los inconformes reclamaron que la respuesta de las autoridades estatales correspondientes es que no hay dinero para cubrir sus pagos. A mediados de la última semana de agosto salieron a las calles a reclamar; ahí dijeron que les adeudan aproximadamente a 500 jubilados. Reprocharon que la mayoría, por su avanzada edad tienen problemas de salud, algunos crónico-degenerativos y necesitan el dinero de la pensión para cubrir gastos médicos, además de alimentos y gastos personales.

Además de sus pensiones, los inconformes señalaron que hay compañeros y familiares de los mismos a quienes tampoco se les han pagado seguros de vida. Se apostaron en el museo La Avispa pero cuando estaban listos para ir a palacio de gobierno a despotricar, llegaron funcionarios estatales a pedir paz, asegurando que se atenderían las demandas.

No es el primer grupo de extrabajadores estatales que se queja de falta de pagos de pensiones que, se presupone, ganaron con los descuentos salariales quincenales durante tres o más décadas de labor. Han ido a palacio de gobierno personas que trabajaron en el sector educativo y otros sectores gubernamentales con similar queja: las pensiones no llegan o tardan varios meses en llegar.

La posible explicación es que no hay dinero. La carencia es general. Gobierno estatal adeuda pagos de pensiones pero también se requiere presupuesto para dar mantenimiento a calles y carreteras, al igual para el funcionamiento de hospitales. El colmo es que cuando pagan, puede pasar que los cheques correspondientes no tengan fondos y reboten en las cajas de bancos, como pasó a fines de julio con el personal de apoyo de la SEG. Estaba llegando el fin de agosto y les seguían debiendo.

¿Por qué no hay dinero? Las pensiones y becas acaban el presupuesto. La gente aplaude, aunque al momento de ir al centro de salud, no hay ni alcohol para desinfectar heridas.

PASANDO A UN TEMA DISTANTE, el primero de septiembre inicia el segundo año de ejercicio de la 64 Legislatura y los diputados locales tienen pendientes, entre otros asuntos, las leyes secundarias derivadas de la homologación de las reformas federales. Entre los temas que deben adecuar se encuentran los relacionados con la reforma al Poder Judicial, la simplificación orgánica y los derechos de los pueblos indígenas.

En materia de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la reforma federal reconoce a estas poblaciones como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. A nivel estatal hay que legislar sobre los sistemas de justicia indígena y la organización comunitaria, un tema en el que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) ha señalado que no se les ha considerado.

En relación con la homologación de la reforma al Poder Judicial que entró en vigor el miércoles pasado e incluye, entre otras disposiciones, la elección de las personas juzgadoras en 2027, los diputados locales tienen un plazo de 180 días para reformar o crear las leyes secundarias como la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de los reglamentos del propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

Respecto a la homologación de la simplificación orgánica, los diputados aprobaron la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGro). Sin embargo, esta medida aún requiere la aprobación de la mayoría de los 85 ayuntamientos para que entre en vigor y se puedan realizar las adecuaciones correspondientes.

Tantos pendientes hacen dar la razón al exdiputado federal Rubén Cayetano García, quien ha impugnado al Congreso local porque está rezagado en cuanto a la homologación con reformas del ámbito federal.