Prensa bajo asedio

* Denuncian intento grave de censura y provocar un ambiente de violencia

* El último atentando contra el gremio periodístico fue de cuatro agredidos con arma de fuego en Chilpancingo; cubrían un hecho de inseguridad

* Organizaciones denuncian que esta, “es provocada por el crimen organizado y permitida por las autoridades”

Rafael Solano

Periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos de 29 estados y siete países condenaron el ataque a balazos que sufrieron cuatro periodistas de Chilpancingo el martes 28 de noviembre y exigieron a las autoridades correspondientes “iniciar los debidos procesos de investigación de manera urgente”.

Dos días después de la agresión, enviaron una carta abierta con la firma de más de 500 reporteros, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de derechos humanos de los estados de Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Quintana Roo, Ciudad de México, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Baja California, Colima, Zacatecas, Veracruz, Coahuila, Sonora, Colima, Hidalgo, Yucatán y Estado de México; además de los países Alemania, Estados Unidos, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Venezuela.

Demandan en el escrito a las autoridades que “de forma expedita” se concedan medidas cautelares para los cuatro reporteros agredidos a balazos y sus familias. La agresión contra Héctor Camacho, Oscar Guerrero, Víctor Mateo y Jesús de la Cruz “se suma a una serie de actos violentos cometidos contra comunicadores en Guerrero, tales como la privación de libertad por varios días de la que fueron víctimas otros tres periodistas, además del hijo de uno de ellos, entre el 19 y el 22 de noviembre, en Taxco. Y sabemos que no son los únicos que han vivido esa experiencia”.

Denuncian que la violencia en Guerrero “provocada por el crimen organizado y permitida por las autoridades se agudizó en los últimos meses extendiendo las zonas donde los comunicadores optan por dejar de informar por terror ante la falta de garantías del Estado para ejercer el periodismo, como la región de Tierra Caliente, la Sierra, Iguala, Chilapa, entre otras”.

Añade que “claramente estos hechos y el ataque contra nuestros cuatro colegas es una afrenta más contra la libertad de expresión y el derecho fundamental de toda sociedad a la información”.

Destaca que organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 han alertado reiteradamente hechos violentos en ese estado y en el resto del país que impactan en el gremio; “desde 2009, Guerrero es uno de los estados más violentos del país; se mantiene como la quinta entidad federativa con más ataques contra periodistas y medios de comunicación, de acuerdo con datos de Artículo 19. Asimismo, del año 2000 a la fecha, han sido asesinados 17 periodistas y 3 han sido desaparecidos”.

Y “no sabemos el número total de periodistas guerrerenses que están exiliados o desplazados forzadamente de diversas localidades”.

Considera “urgente que las autoridades tomen acción, se investigue a las personas responsables, sean de grupos criminales o autoridades, se encuentre y sancione a autores materiales e intelectuales de las amenazas, ataques, asesinatos y desapariciones, se garantice una atención médica a los compañeros que han sido víctimas de las agresiones hasta que recuperen por completo su salud física y emocional y se proteja, de una vez por todas, a la prensa de Guerrero, incluyendo a colegas que además sufrieron pérdidas con el embate del huracán Otis”.

Añade que “la indiferencia y falta de acción del Estado ante las agresiones en contra de periodistas, como ya se ha comprobado en este país, muchas veces, sólo abona a tener un terreno fértil para que esas violencias continúen y aumenten”.

Dos semanas de atentados

El miércoles 29, para exigir a las autoridades competentes que no haya impunidad en la agresión que sufrieron cuatro colegas un día antes luego que regresaban de la cobertura de la ejecución de un trabajador del servicio público de transporte, reporteros de la capital de la entidad protestaron sin importar diferencias de opinión.

En la marcha participaron también afiliados a sindicatos, de organizaciones sociales, grupos campesinos, estudiantes y feligreses de la diócesis Chilpancingo-Chilapa. Inició en la explanada de la Plaza Cívica, frente el ayuntamiento en donde repudiaron la denuncia que interpuso la alcaldesa de Morena, Norma Otilia Hernández Martínez, por violencia política en razón de género contra cinco reporteros., lo que se toma como un “intento grave de censura y de provocar un ambiente de violencia contra periodistas.

Los manifestantes llegaron después a las oficinas de la delegación de la FGR, cerca del Congreso, en dónde personal de seguridad cerraron los accesos al inmueble, lo que provocó forcejeo; decidieron dar un portazo y adentro de las instalaciones, un agente federal arrebató el teléfono a un reportero y empujó a varios.

En palacio de gobierno realizaron un mitin: vía telefónica se enlazó Jesús de la Cruz, quien explicó que ya había sido dado de alta y estaba en su domicilio recuperándose de las heridas de bala que sufrió. Indicó que los médicos “no la pudieron retirar de mi cuerpo; voy a tener la bala dentro de mi cuerpo, pero gracias a Dios estoy vivo”.

El dirigente de la delegación XVII del SNRP, Abel Miranda Ayala, lamentó el atentado contra los reporteros y señaló que no hay un precedente en Guerrero y en el país de que se atentara contra cuatro periodistas. Al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, le exigió que detenga “su campaña de odio y sus discursos donde atenta contra los reporteros y los criminaliza y ponernos en una situación vulnerable, como el atentado contra los compañeros”.

Y es que apenas el 16 de noviembre, en su cuarta visita a Acapulco tras el paso del huracán Otis, el presidente de la república se lanzó contra “buitres” de la información, como Televisión Azteca que hizo reportajes “y le abrieron el micrófono a gentes para que me mentaran la madre”. Afirmó que en Acapulco “buscaban, todavía lo estoy viendo, ¿saben qué buscaban? Muchísimos muertos, porque son buitres”. También se refirió a una nota de Quadratin Guerrero, donde señala que de acuerdo a las funerarias de Acapulco, hay 350 muertos. Lamentó que presenten “cualquier cosa sin pruebas; es la máxima del hampa del periodismo”.

Los participantes en la protesta recordaron que el martes 28 de noviembre, cuatro reporteros de Chilpancingo fueron atacados a balazos cerca de las instalaciones del Sexto Batallón de Ingenieros del Ejército Mexicano y tres de ellos resultaron heridos.

El ataque ocurrió luego de la cobertura del asesinato de un chofer del transporte público en la Colonia Las Palmas de esta ciudad, y en el trayecto de regreso fueron agredidos a balazos. También informaron e otros dos crímenes similares suscitados esa misma mañana del martes.

Jesús de la Cruz es colaborador del Portal Noticias Reporte Guerrero; Víctor Mateo Francisco de El Diario de Guerrero y Agencia de Noticias Guerrero, y Oscar Guerrero Ramírez es fotoperiodista de la Plataforma Primer Plano, mientras que Héctor Camacho del portal Amanecer en la Noticia resultó ileso.

Plagiados en Taxco

La preocupación del gremio periodístico venía creciendo porque el lunes 27 de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que tres reporteros y la esposa de uno de ellos, plagiados en Taxco, fueron liberados el sábado 25; seguían los operativos de búsqueda de Alberto Toledo Denova, hijo de uno de los reporteros privados de la libertad.

El domingo 19 de noviembre por la noche, Marco Antonio Toledo Jaimes, quien es director del Semanario Espectador de Taxco, corresponsal de N3 Guerrero y La Crónica Vespertino de Chilpancingo; su esposa Guadalupe Denova y su hijo Alberto Toledo fueron privados de la libertad.

Y la noche del miércoles 22, los reporteros, Silvia Nayssa Arce y su pareja, Alberto Sánchez, propietarios del medio digital RedSiete, también fueron privados de la libertad cerca de Plaza Taxco, en el centro de la cabecera municipal, donde se encuentran sus oficinas.

A consecuencia de esos dos graves hechos, reporteros de Chilpancingo se movilizaron el viernes 17 para exigir a la FGE operativos de localización y búsqueda de sus compañeros.

En el transcurso de la noche del viernes y el sábado los tres reporteros y la esposa de uno de ellos fueron liberados, no así Alberto Toledo.

A través de un comunicado la FGE confirmó la liberación de las cuatro personas y que se debió a los operativos que realizaron autoridades federales y estatales en la zona Norte de la entidad. Agrega el comunicado que “como parte de las acciones para dar con el paradero de Alberto ‘N’, agentes Ministeriales, personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, Policía Estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda, continúan con los operativos de búsqueda, efectuando recorridos y el despliegue de efectivos en dicha zona”.

Julissa Arce, quien es escritora, activista en Estados Unidos y hermana de Silvia Nayssa Arce, el domingo 19 agradeció el apoyo que recibió su familiar para que fuera liberada y en su cuenta de X (antes Twitter) compartió un mensaje de su hermana de Taxco. Indica en el texto: “Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de vida, perdón por no escribir antes, pero lo único que quería era abrazar fuertemente a mis hijos”. Agradeció la intervención del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; del Mecanismo de Protección para Periodistas de la Secretaría de Gobernación, Luis Jaramillo Patchen; a la Comisión Nacional de Búsqueda, a Artículo 19, pero también agradeció “a los compañeros periodistas, tanto del estado, como a nivel nacional, por todo su apoyo derivado del secuestro exprés del que fuimos víctimas con mi esposo, Alberto Sánchez”.