Exigen mujeres que la Iglesia saque las manos de protestas antiaborto

* No es justo, ni correcto, que organizaciones que están a favor de la vida pongan a consulta el útero, señalan

* Piden que el Congreso se conduzca bajo una ética pública laica que garantice la separación entre el Estado y las iglesias

Chilpancingo, Gro., 3 de mayo del 2022. La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres pidió a la Iglesia católica que no interfiera en temas que corresponde atender y resolver al Estado laico, como es la propuesta para despenalizar el aborto en Guerrero, que busca alejar de prácticas de riesgo a mujeres que no quieren el producto de un embarazo no deseado, que busca no tener a más mujeres en la cárcel por haber abortado, y que busca que tengan el libre derecho de hacer lo que quieran con su cuerpo.

Las integrantes de esa organización ofrecieron una conferencia de prensa, para señalar que el Congreso local tiene la oportunidad de convertir a Guerrero en el séptimo estado del país que legaliza el aborto, con lo que saldará una deuda histórica con mujeres, niñas y adolescentes guerrerenses, legislando “en favor de nuestros derechos” para que “se garantice nuestro bienestar”.

Consideraron que no es justo, ni correcto, que organizaciones que están a favor de la vida pongan a consulta el útero de las mujeres para que se decida si se legaliza o no el aborto en Guerrero, porque se trata de un derecho humano que tienen las mujeres el decidir qué hacer con su cuerpo.

Aclararon a líderes de la Iglesia católica y a feligreses católicos que en México hay un Estado laico, por lo que les pidieron que no interfieran en leyes que les corresponde atender a las autoridades civiles, “ellos tienen sus iglesias y nosotros nos regimos por las leyes”, indicaron.

Si bien los religiosos tienen derecho a opinar y ejercer la libertad de expresión, no pueden entrar en contradicción con el Estado laico que prevalece en el territorio nacional, indicaron.

En las instalaciones de la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, expusieron que el aborto es un saldo pendiente que el Estado mexicano tiene con las mujeres; “es un derecho que no nos han querido otorgar y reconocer. a pesar de las luchas emprendidas desde la década de los 70”.

Lo que se busca con la legalización del aborto es que las mujeres recurran a prácticas limpias y sin riesgos para interrumpir un embarazo no deseado. Se busca también que las mujeres no sean encarceladas por recurrir a esa práctica.

Aclararon que los abortos siempre han existido, muchas veces en la clandestinidad, con riesgo para la salud y la vida de mujeres que utilizan plantas u objetos para interrumpir un embarazo no deseado, indicaron.

Dieron a conocer que en los 15 años de práctica legal del aborto en la Ciudad de México no se han registrado muertes maternas ni decesos de mujeres por haber recurrido a esa práctica, porque se permite que lo hagan con profesionistas y en lugares limpios, para no poner en riesgo su vida.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2018 se registraron en Guerrero 23 muertes maternas; en el 2019 ocurrieron 40; mientras que en el 2020 la cifra se elevó a 47, que representa un incremento del 104.4 por ciento, que consideraron como cifras alarmantes, por lo que dicen que es necesario reformar y armonizar las leyes y códigos del estado en favor de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y adolescentes.

Aclararon a la opinión pública que la despenalización del aborto no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, “más bien, facilita la posibilidad de elegir a quienes por diversas circunstancias toman esta decisión, para que lo hagan en mejores condiciones y conforme a los estándares estipulados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), evitando las muertes maternas por abortos inseguros”.

Con el dictamen que aprobaron tres diputados de la Comisión de Justicia del Congreso del estado, Guerrero tiene la posibilidad histórica de dar un paso que lo coloque como el séptimo estado del país en legalizar el aborto y avanzar en el reconocimiento de la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Se manifestaron por que el Congreso se conduzca bajo una ética pública laica que garantice la separación entre el Estado y las iglesias, que permita el cumplimiento de las normas, que vele por la estricta igualdad de todas las personas ante la ley, y que asegure la imparcialidad de la función pública.