La alteración de la Ley de Seguridad Pública amerita denuncia penal, señala Evencio Romero

* No procede la fe de erratas porque el documento fue alterado con dolo y mala fe, considera el ex diputado local

* Los diputados implicados “necesariamente deberán ser desaforados y meterlos a la cárcel”, indica

Chilpancingo, Gro., 20 de abril del 2022. El Congreso del estado está obligado a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por falsificación de documentos oficiales, para meter a la cárcel a quien modificó el contenido del Artículo Segundo Transitorio de la Ley 779 del Sistema de Seguridad Pública, dijo el ex diputado local Evencio Romero, quien aclaró que en este caso no procede la fe de erratas porque se trata de un documento que fue alterado con dolo y mala fe.

El ex legislador advirtió que, si la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Flor Añorve Ocampo, no presenta una denuncia penal por lo ocurrido, será culpable por omisión, y resaltó que la alteración del contenido de la nueva Ley de Seguridad Pública es una clara muestra del bajo nivel que tienen los diputados que integran la 63 Legislatura, “muchos de los cuales no saben leer, ni tienen capacidad para legislar”.

El exrepresentante popular de la 60 Legislatura afirmó que ésta es la primera ocasión que en Guerrero, de manera indebida, es modificado el texto de una ley aprobada por el pleno de diputados, y es además el primer precedente en todo el país, por lo que lo ocurrido sentó un mal precedente de la legislatura de Guerrero en los ámbitos estatal y nacional.

Por la alteración del contenido del Artículo Segundo Transitorio de la referida ley, lo que debe de hacer la diputada Flor Añorve como representante legal del Congreso del estado es presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable ante la Fiscalía, por alteración de documentos oficiales, que es un delito que está previsto en el Código Penal, “porque no puede quedar impune este hecho que transgredió a la más alta representación estatal”, indicó Romero Sotelo.

Además, aclaró que en este caso no procede presentar una fe de erratas para corregir el texto alterado, porque se trató del cambio de un texto que fue hecho con dolo y mala fe.

“Una cosa es la fe de erratas, que se presenta para corregir situaciones de sintaxis, el cambio de una letra o para corregir la ortografía, y otra cosa es la alteración de manera perversa y con dolo para obtener beneficios, sean colectivos o individuales”, indicó.

El delito cometido por alteración de documentos oficiales está en el capítulo de falsificación de documentos, alteración de los mismos para uso indebido del Código Penal, y la pena es de 5 a 10 años de prisión, explicó.

Evencio Romero informó que, por haberse originado el hecho en el Congreso, y por ser el Congreso del estado la parte agraviada, corresponde al Poder Legislativo presentar la denuncia ante la Fiscalía, “lo cual tendría como efecto que la Fiscalía General del Estado le dé seguimiento al documento que mandó la Mesa Directiva para que la Ley 779 y sus transitorios fueran publicados en el Periódico Oficial del estado, para determinar la responsabilidad penal y administrativa.

Aclaró que, de comprobarse que el responsable de la alteración del contenido de la ley es uno o varios diputados, “éstos necesariamente deberán ser desaforados y meterlos a la cárcel; y en el caso de que la irregularidad la hayan cometido los que dirigen el Periódico Oficial del estado, se procederá a la destitución del director de ese órgano de difusión.

El exdiputado local dijo que la alteración de documentos oficiales generó suspicacias ante la posibilidad de que muchos contenidos de leyes aprobadas por el Congreso hayan sido modificados al momento de ser enviadas para su publicación en el Periódico Oficial del estado, debido a que con seguridad hay legisladores que no leen ni revisan lo que aprueban.

Esas maniobras ilegales son conocidas como chicanadas en el argot jurídico, porque una cosa es lo que aprueban los diputados y otra pudiera ser lo que se publica en el Periódico Oficial, que no circula ni es puesto a la venta, y sólo queda para consulta de las propias instituciones.

Por lo anterior, consideró importante que la diputada Flor Añorve presente la denuncia penal, “porque ve tú a saber en esta legislatura cuántas pinches cochinadas han hecho. Cuando fui diputado todo se revisaba, nunca salió a la luz pública alteraciones o modificaciones de documentos, por lo que lo ocurrido es un agravante histórico en las legislaturas del estado de Guerrero, pero además es una vergüenza para la 63 Legislatura que permitan que esto pase”.