No alcanzará el tiempo al Congreso para hacer la consulta, prevé Evencio Romero

* El exlegislador y dirigente campesino vaticina que la SCJN multará a los diputados locales de Guerrero

* Tuvieron un año para hacerla, y comenzaron a trabajar hace 20 días, cuando ya sólo les quedaba un mes, señala

Chilpancingo, Gro., 3 de abril del 2022. El ex diputado local Evencio Romero dijo que con toda seguridad los 46 diputados que integran la 63 Legislatura local, serán sancionados con multas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por incumplimiento de sentencia, porque no les alcanzarán los tiempos para consultar a los pueblos indígenas y afromexicanos para hacer reformas constitucionales, que tienen que ver con el desarrollo y las costumbres de los pueblos originarios.

Señaló que los 46 legisladores locales pretenden hacer una “chicanada”, como se dice en el argot entre abogados, al presentar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia sólo informes de sus actividades que tienen que ver con la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que les ordenaron hacer desde abril del año pasado, y la comenzaron hace 20 días. Faltan 10 días para que venza el plazo.

En abril del año pasado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenaron al Congreso de Guerrero consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre leyes en materia de seguridad pública, electorales y su manera de organizarse, al dejar sin efecto reformas a la Constitución Política del estado que promovió el entonces gobernador Héctor Astudillo, porque no consultó a los pueblos originarios.

Los ministros dieron a los legisladores un plazo de 12 meses para la consulta, que vence el 14 de abril de este año.

El también dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos dijo que, con artificios legales, la 63 Legislatura local pretende detener la ejecución de una ejecutoria, “válgase la redundancia”.

Aclaró que, de acuerdo con los procedimientos, no será en automático la destitución de los 46 diputados locales si no cumplen la sentencia emitida por la Suprema Corte, toda vez que el Código Civil federal establece tres medidas de apremio en caso de que no cumplan la resolución.

La primera consiste en aplicar a los legisladores una sanción económica; en segundo lugar, los ministros podrían ampliar el plazo para que cumplan la sentencia, y si no cumplen en el nuevo plazo, los 46 legisladores podrían ser arrestados por un término de 48 horas; y el último recurso sería la destitución como representantes populares.

Evencio Romero vaticinó que los legisladores de Guerrero no cumplirán la sentencia “porque se enredaron solos con malos asesoramientos. Cumplir la sentencia en tiempo y forma es sencillo, porque la Suprema Corte les dijo a los diputados que la reforma a leyes que tienen que ver con indígenas que hizo el ex gobernador Héctor Astudillo no fue consultada con los pueblos originarios, y sólo les pidieron que consultaran a los indígenas”.

“Todo eso que es muy sencillo lo complicaron incluso con el envío al Congreso de tres iniciativas de reformas por parte de la gobernadora Evelyn Salgado, para modificar leyes que tienen que ver con los indígenas, las cuales de última hora fueron retiradas del trámite legislativo”, indicó.

Señaló que con esas iniciativas de reformas el Poder Ejecutivo del estado había incurrido en un grave error, “porque con ellas pretendía otorgarles a las policías comunitarias que operan en los pueblos indígenas la facultad de detener, investigar y sentenciar a las personas que detuvieran, lo cual constitucionalmente es improcedente”.

Recordó que cuando fungía como diputado, él y el también entonces legislador Rubén Figueroa Smutny lograron liberar a una mujer en San Luis Acatlán que había sido detenida por la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), “a quien tuvieron presa en condiciones infrahumanas”.

Además, aclaró que ni la organización no gubernamental de derechos humanos Tlachinollan, ni la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac), pueden convocar a consultas a los pueblos indígenas. “Si lo hacen con el consentimiento de los diputados, se violaría la ley, y esto será motivo para que la Suprema Corte les tumbe la consulta que realicen”.