Coyunturas políticas: Tras vacaciones, repunte de contagios

* No hay auditor; tampoco hace falta

Está ocurriendo lo mismo que a inicios del fenecido 2021: tras declararse semáforo verde para que hubiera vacaciones decembrinas y a Guerrero le llegaran recursos financieros por el gasto de los miles de paseantes que abarrotaron playas, lagunas, ríos, discotecas y otros destinos de playa e incluso, hasta las instalaciones de la decaída Feria de Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo, comenzó a repuntar la pandemia del coronavirus. Resultaron una especie de videntes aquellos científicos y médicos que vaticinaron una cuarta ola de contagios en diversas partes del mundo porque, al igual que en las tierras aztecas, todos los sitios de concurrencia masiva se abrieron. Hay de nueva cuenta miles de infectados a diario desde la primera semana de enero y aunque los enfermos de ahora tienen más posibilidades de sobrevivir que lo del año pasado, el daño está hecho porque las escuelas recientemente en funciones están cerrando y las actividades gubernamentales son limitadas. Sin embargo, hay la intención de las autoridades correspondientes de dejar que las actividades comerciales no se detengan. La lógica es que hay riesgo menor y es necesario que la economía siga reactivándose.

No puede dejar de recordarse que la pandemia ha sido tratada de manera política. En 2021 que se declaró semáforo verde tras la segunda ola de contagios, propiciada también porque se permitió la afluencia generalizada a lugares de esparcimiento ya para acabar 2020, fue para que las campañas, los diversos actos proselitistas de los candidatos a gobernadores en una docena de entidades, así como de diputados federales, diputados locales y alcaldes, pudieran llevarse a cabo. Las consecuencias fueron ampliamente conocidas: hubo varias decenas de contagiados y algunos fallecieron, como el caso del exgobernador René Juárez Cisneros. Tan pronto terminó el periodo de elecciones, regresa el semáforo rojo que implica guardarse en casa.

A inicios de 2022 está regresando la pandemia que se creía controlada por la vacunación a escala mundial. En estas tierra surianas, aunque de entrada se minimizó que hubiera contagios en crecimiento desde el fin de periodo de asueto, poco a poco se han adoptado medidas para detener la expansión. De entrada, autoridades escolares han decidido cerrar las aulas y en el caso de la capital de la entidad, la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez dispuso que ya no habrá eventos masivos en el zócalo; el último fue para informar lo hecho en 100 días de gestión, momento que aprovechó para lamentar la noticia que el presidente de la república enfermó por segunda ocasión.

Pero no sólo el zócalo fue despejado para dar el mensaje que ya no habrá festejos de ningún tipo. A mediados de la semana transcurrida, autoridades sanitarias estatales dispusieron la reducción de personal en el Ayuntamiento luego de detectarse a varios contagiados; algo similar dispusieron para palacio de gobierno, en donde otro porcentaje de empleados salió positivo en las pruebas de detección.

En fin, no se puede criticar que tanto las autoridades federales como las municipales decidieran que hubiera actividades comerciales en fin de año. De alguna manera hubo que abordar la crisis económica que trajo la crisis de salud. Ahí están las cifras del INEGI al respecto: la pobreza aumento 10 por ciento y de seguir cerrada la actividad comercial, las cosas no van a mejorar.

PASANDO A UN TEMA DISTANTE, los diputados locales no consiguen ponerse de acuerdo en torno al relevo de Alfonso Damián Peralta en la Auditoría Superior del Estado, pero así están desde hace medio año. El cambio debió hacerse antes que concluyera la anterior Legislatura pero hubo una docena de asuntos que se atravesaron y por eso es que tuvo que llegar un auditor interino que tiró la toalla y tuvo que elegirse a otro sustituto (o mejor dicho, sustituta) para que la dependencia ligada al Poder Ejecutivo no quedara acéfala. Pero no hay problema. De acuerdo con lo dicho con el coordinador de la bancada perredista, Raymundo García Gutiérrez, el personal que está en la ASE está recibiendo las cuentas públicas y han laborado de manera normal. Es decir, que el organismo fiscalizador que tiene una década o más sin dictar sanciones contra alcaldes o encargados de dependencias autónomas como la Universidad estatal puede funcionar sin necesidad de alguien que lo dirija. Por otro lado, significa que en Guerrero, las diversas autoridades son honestas a carta cabal y manejan de manera escrupulosa el presupuesto asignado porque no se les ha detectado alguna anomalía desde hace cuatro o cinco periodos de gobierno.