Pretenden utilizar el programa de fertilizante como instrumento político electoral: Evencio Romero

* Dilatan la expedición de nuevos beneficiarios y violan constitucionalmente la autonomía de los pueblos en la toma de decisiones, señala

Chilpancingo, Gro., a 14 de febrero del 2020.- El dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos Evencio Romero Sotelo, alertó que el gobierno federal pretende utilizar como instrumento político-electoral el programa de fertilizante, al dilatar la expedición de la convocatoria para incorporar a nuevos beneficiarios, y celebrar asambleas en ejidos y comunidades para aceptarlos con el aval de representantes de la Procuraduría Agraria y de servidores de la nación, lo cual viola constitucionalmente la autonomía de los pueblos en la toma de decisiones.

De entrada, el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, están violando sus propias reglas de operación del programa gratuito de fertilizante que fueron aprobadas en diciembre del año pasado, las cuales establecen que el 1 de enero de 2020 debe ser publicada la convocatoria, lo cual no ocurrió ni ha ocurrido hasta ahora, y comenzar la entrega de los insumos agrícolas a partir del 31 de enero por ser el 2021 un año electoral, lo cual tampoco ocurrió ni ha ocurrido, indicó.

Pero además la Federación pretende celebrar asambleas en los 1,300 ejidos que hay en Guerrero y en las comunidades, con la presencia de representantes de la Procuraduría Agraria y de los llamados servidores de la nación, a los que acusó de actuar con tintes partidistas electorales para validar los nuevos ingresos de campesinos al padrón de beneficiarios.

Esa estrategia electoral viola el artículo 27 de la Constitución Política federal, que establece que los ejidos y las comunidades son autónomas en sus decisiones, y en sus asambleas no es necesaria la presencia de alguna autoridad, indicó el dirigente campesino.

Calificó estas acciones como artimañas políticas, porque a través de las asambleas los funcionarios de la Procuraduría Agraria y los servidores de la nación condicionarán el ingreso de campesinos al padrón de fertilizante a intereses electorales, por lo que Evencio Romero alertó a los partidos políticos para que atiendan esta situación para evitar la compra de votos con programas oficiales de gobierno.

Desde su parecer, el gobierno federal utilizará en este año el programa gratuito de fertilizante como un instrumento político-electoral, porque estará inmerso en el proceso electoral de gobernador, ayuntamientos y diputados, que es otro aspecto que deben atender los partidos políticos para evitar que se lucre políticamente con recursos públicos.

Por ser el 2021 un año electoral con elecciones programas para el domingo 6 de junio, el fertilizante gratuito deberá estar en manos de los productores a más tardar el 20 de mayo para que no sea empleado con tintes electorales, y el abono que por alguna razón no haya llegado hasta esa fecha a los productores, la distribución reiniciará el 7 de junio una vez concluida la jornada electoral.

El líder de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos informó que los 1,600 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos federal para la compra de fertilizante, será para dotar de abono a campesinos de Guerrero, Morelos y Tlaxcala.

Informó que al pasar el manejo y operación del programa de fertilizante al gobierno federal, éste ha padecido de muchas inconsistencias y presuntos actos de corrupción, toda vez que hasta ahora nada se sabe qué pasó con la compra de semilla mejorada con gorgojo ocurrida en 2019 que representó un gasto de varios cientos de millones de pesos; ni se ha transparentado la compra de la urea del año pasado, que fue un insumo que quemó muchas plantaciones de maíz porque los agricultores no fueron capacitados para aplicarla en los cultivos de maíz.

Además, dijo que hasta ahora la Secretaría de Agricultura federal no ha dado a conocer cuál fue la producción de maíz en Guerrero el año pasado, por lo que consideró que es necesaria la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, para que se subsanen las irregularidades y se apliquen los castigos que correspondan de detectarse irregularidades en el uso de recursos públicos.