PRI demanda a la presidenta Sheinbaum no encubrir presunta corrupción

Marcial Campuzano

El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Guerrero exigió que se castigue a quienes cometan actos ilícitos y demandó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no encubra ni solape presuntos hechos de corrupción, luego de la solicitud de extradición que el gobierno de Estados Unidos formuló contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En conferencia de prensa en la sede del Congreso local, el coordinador priista Alejandro Bravo Abarca, acompañado por las diputadas Pilar Vadillo Ruiz y Beatriz Vélez Núñez, y por el legislador Víctor Hugo Vega Hernández, calificó el caso como “preocupante” y sostuvo que los ciudadanos de Sinaloa y del país merecen conocer la verdad.

Bravo Abarca afirmó que el actual gobierno federal encabezado por Morena, ha sido señalado por presuntos actos de corrupción y advirtió que no debe existir un “pacto de encubrimiento” frente a señalamientos de esa magnitud.

El legislador mencionó como antecedentes polémicos el caso de la paraestal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), los sobrecostos en la refinería de Dos Bocas y en el Tren Maya, al señalar que existen cuestionamientos públicos sobre el manejo de recursos en esos proyectos.

Indicó que la mandataria federal tiene la oportunidad de marcar distancia respecto a decisiones del sexenio anterior y demostrar autonomía en la conducción del país, particularmente en materia de seguridad y combate a la corrupción.

Sostuvo que el PRI no teme que alguno de sus militantes sea requerido por autoridades extranjeras, y reiteró que su postura es que la ley debe aplicarse sin distinción partidista.

Recordó que durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se procesó penalmente a diversos exgobernadores por presuntos desvíos de recursos.

Entre ellos mencionó al exmandatario de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien enfrentó prisión y extradición por acusaciones relacionadas con el crimen organizado.

Los legisladores señalaron que cualquier procedimiento de extradición debe estar sustentado en investigaciones formales, pruebas documentales y declaraciones que acrediten los señalamientos.

Subrayaron que el gobierno de la República tiene la obligación de actuar con transparencia, apego a la ley y sin consideraciones políticas, a fin de garantizar justicia y evitar la impunidad en cualquier nivel de gobierno.