Endurecen castigos por despojo de propiedades en Guerrero

* La Ley Antidespojo, busca proteger a los habitantes ante fraudes en el registro de propiedades

* En caso de que el despojo involucre servidores públicos que alteren registros catastrales, las penas serán elevadas para sancionar con mayor contundencia este tipo de abusos

Marcial Campuzano

El Congreso de Guerrero prepara una reforma legal para endurecer las sanciones contra quienes cometan o participen en despojo de propiedades, principalmente cuando se trate de servidores públicos involucrados en actos irregulares dentro de catastros municipales y estatales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Urióstegui García, anunció que en unos días entregará la iniciativa a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios para crear la llamada Ley Antidespojo, que busca castigar con mayor severidad este delito, el cual ha crecido y afecta gravemente la seguridad patrimonial de las y los guerrerenses.

El también coordinador del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la 64 Legislatura, expuso que hay casos en los que funcionarios modifican registros catastrales para reconocer a más de una persona como propietaria del mismo bien inmueble, lo cual da pie a conflictos legales que pueden extenderse hasta por 10 años.

Con solo cambiar el nombre del titular en el sistema catastral, se pone en riesgo la certeza jurídica de un patrimonio. Lo grave es que esto ocurre dentro de las instituciones, denunció el legislador local.

Afirmó que la iniciativa para crear la Ley Antidespojo contempla penas más altas de prisión y sanciones administrativas para quienes alteren documentos, expidan constancias falsas o extravíen deliberadamente archivos que sirvan para despojar a una persona de su propiedad.

El legislador fue enfático al señalar que no se trata de un hecho aislado. Dijo que ha sido testigo de varios casos, y la gente se ve obligada a pelear en tribunales aun cuando tiene escrituras, historial legal y todos sus documentos en regla.

Urióstegui explicó que muchas veces estos procesos se originan cuando 2 personas pagan impuestos sobre el mismo predio y el ayuntamiento emite recibos o constancias a ambos, generando un conflicto legal injustificado.

Indicó que este tipo de actos derivan en gastos legales, desgaste emocional y pérdida de tiempo para las familias, y que al final, si el juicio favorece al verdadero propietario, el responsable simplemente se deslinda sin consecuencias.

El derecho a la propiedad debe estar protegido por el Estado, y no vulnerado desde dentro, por eso no se debe permitir que haya funcionarios que juegan con el patrimonio de la gente, señaló.

La propuesta de ley está calendarizada para su presentación en próximos días, y se trabaja para asegurar que cubra todas las lagunas legales que hoy permiten estos abusos.

Se busca que la ley sea un instrumento claro para sancionar y prevenir. Quien tenga todo en regla no debe perder años en tribunales solo porque alguien más pagó un recibo indebido.

Protección en casos de donación

Apenas el pasado 12 de julio, integrantes de la LXIV Legislatura aprobaron adiciones al Código Civil del Estado de Guerrero para establecer que las personas mayores de 65 años que deseen donar sus bienes en su totalidad, gozarán de un usufructo vitalicio para evitar abusos, despojos y fraudes.

En el dictamen, emitido por la Comisión de Justicia derivado de una propuesta del diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón, y fundamentado por el diputado Alejandro Bravo Abarca, se señala que la violencia patrimonial en las personas adultas mayores demerita su calidad de vida, por lo que deben salvaguardar sus derechos sobre la sucesión de sus bienes.

Refiere que se presentan casos en los que la decisión de donar es bajo presión y amenazas por parte de los donatarios, que pueden ser sus familiares y hasta terceros ajenos, por lo que esta acción no es tomada con plena libertad por la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas adultas mayores, por lo que al ser despojados de sus bienes quedan en estado de indefensión y abandono.

Dijo que en Guerrero en el 2020 había 443,534 adultos mayores y que en su mayoría los donantes son este sector que por su edad se le dificulta valerse por sí mismas, circunstancia que puede ser aprovechada por los donatarios que ejercen presión, abuso, chantaje o hasta amenaza para despojarlos de sus bienes, dejándolos en el abandono y sin condiciones necesarias para vivir.

Por ello, y para asegurar su patrimonio adicionan dos párrafos al artículo 2260 del Código Civil del Estado de Guerrero para establecer que en el caso de que la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante y el o los donantes cuenten con 65 años o más, el usufructo será de carácter vitalicio.

“La finalidad es precisar textualmente mediante este párrafo que si el adulto mayor donante dona la totalidad de sus bienes, este gozará del usufructo de carácter vitalicio, lo que va a permitir contar con una mejor calidad de vida”.

Asimismo, para dar certeza jurídica a los actos de donación que se consignan ante los notarios púbicos se establece que el Notario Público que expida el instrumento público de donación deberá incluir la cláusula respectiva de usufructo vitalicio sobre los bienes otorgados a los donatarios, de no ser así el acto notarial es nulo de principio.