Sindicalizados del SNTE y de la fiscalía imitan a los ayotzinapos

* En paro ambas dependencias donde laboran; toma de calles y oficinas

* Utilizan las mismas estrategias para forzar la atención de las autoridades

Rafael Solano

Los normalistas de Ayotzinapa mostraron, con sus protestas, que sólo presionando a las autoridades hay solución a todo tipo de demandas; también que es la época idónea para reclamar atención oficial porque el gobierno federal morenista quiere concluir el sexenio con calma y el gobierno estatal está en la misma frecuencia.

Si la semana antepasada fueron egresados de diversas normales públicas, excluyendo a Ayotzinapa, los que se movilizaron para obtener fecha de entrega de plazas, el martes 19 los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) iniciaron un paro estatal de labores para exigir a las autoridades estatales el cumplimiento a una docena de demandas.

Personal en activo de carácter administrativo y académico, así como jubilados, tomaron las oficinas de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) y las delegaciones de Servicios Educativos en siete regiones de la entidad (la Sierra todavía no tiene), para demandar el cumplimiento de acuerdos en minutas que firmaron con funcionarios del sector educativo el pasado 11 de marzo.

Entre otras, que la aseguradora pague por las defunciones que adeuda desde 2020; que sean entregados los nombramientos por parte de la UESICAMM y otras peticiones como la rifa de automóviles y electrodomésticos para el festejo del Día del Maestro, algo que ocurría en anteriores administraciones estatales y que se canceló con la llegada del gobierno de Morena en 2021.

El lunes, la jornada de protestas que se prolongó toda la semana, inició con la movilización de normalistas de Ayotzinapa. Fueron en la autopista donde repartieron volantes exigiendo la captura del asesino de su compañero Yanqui Kothan Gómez Peralta.

Desde la mañana, trascendió la movilización de los normalistas. Al mediodía un grupo de alrededor de 150 estudiantes a bordo de cuatro autobuses llegaron al punto conocido como El Parador del Marqués, donde bloquearon de manera parcial. Pidieron que se investigue la fuga del policía estatal que los mandos de la dependencia dejaron que se fugara. Los jóvenes solo estuvieron sobre la Autopista alrededor de 40 minutos, luego de volantear bloquearon de manera total por unos 15 minutos mientras desarrollaban el mitin y después regresaron a la normal ubicada en Tixtla.

Contra el militarismo

Las protestas inmediatas al incidente donde murió Yanqui Kothan lograron la renuncia de Ludwig Marcial Reynoso Núñez a la Secretaría General de Gobierno y de Rolando Solano Rivera a la Secretaría de Seguridad Pública; también que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda destituyera a la fiscal general Sandra Luz Valdovinos Salmerón; ésta se defendió, aunque al final no consiguió mantenerse en el cargo.

El martes 19, trabajadores sindicalizados de la Fiscalía General del Estado (FGE) marcharon para exigir desmilitarizar la dependencia; el miércoles 20, fueron a cerrar con candados los accesos a las instalaciones y pidieron a los militares que permanecían a pesar de que Valdovinos Salmerón ya no está en funciones retirarse.

Los agremiados a la sección VII del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg), realizaron una marcha que concluyó en la FGE, donde se instalaron en plantón permanente hasta que sean destituidos todos los funcionarios que llegaron con la fiscal destituida.

Son unos 15 funcionarios que llegaron a la FGE con la teniente coronel; entre otros, el vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, Ricardo Ferrer Martínez; el director de la policía Ministerial, Carlos Ramiro Rojas Guzmán, y el director de Servicios Periciales, Jesús Solís Justo, a quienes acusan de haber “militarizado una instancia civil de procuración de justicia”, además de despedir de manera arbitraria a unos 500 empleados.

Los trabajadores sindicalizados decidieron cerrar los accesos y se encontraron con personal de la FGE, quienes argumentaron que tenían “equipos que cuidar”. Se trata de personal adscrito de manera directa a la oficina de Valdovinos Salmerón.

Además de la protesta de empleados de la FGE, se divulgó en diversos sitios informativos de internet información acerca de un presunto desfalco de la ahora exfiscal. Se cita un informe de la Auditoría Superior del Estado donde señala que para la FGE se pidió un presupuesto para el 2022 de mil 324 millones, 357 mil 78 pesos con 97 centavos, pero en la revisión, estaba modificado a mil 443 millones 452 mil 206 pesos con 97 centavos.

Pero este monto es inferior al importe del presupuesto devengado, que asciende a mil 573 millones, 815 mil 946 pesos con 22 centavos.

En el mismo 2022, hubo ingresos recaudados de mil 382 millones, 482 mil 848 pesos provenientes de transferencias internas y asignaciones del sector público. Sin embargo, al verificar los archivos de los comprobantes fiscales emitidos por la FGE, se constató que solo emitieron tres comprobantes fiscales por internet, los cuales se encuentran vigentes y están a nombre de la Secretaría de Finanzas y Administración. Estos comprobantes solo suman 67 millones 582 mil 848 pesos.

También se encontraron inconsistencias en el tabulador de gastos y nóminas de sueldos. Esta falta de documentación comprobatoria y justificativa ha dejado una diferencia 282 millones 32 mil 881 pesos con 75 centavos. Y en el capítulo 1000 de Servicios Personales, hay registro de importe devengado por concepto de sueldos y salarios de mil 265 millones 690 mil 832 pesos con 37 centavos. Sin embargo, no se ha presentado la documentación comprobatoria o justificación consistente con pólizas contables.

De igual manera, la FGE de Valdovinos Salmerón realizó pagos por concepto de bonos al personal por un total de 120 millones 506 mil 299 pesos con 38 centavos, pero no se encontró la documentación correspondiente que justifique los pagos.

Y mientras se elige a quien se haga cargo de la FGE, información de la Secretaría de Seguridad Pública federal ubicó en este inicio de año a Guerrero en el quinto lugar del país donde más homicidios dolosos se cometen. Nuestra entidad había ocupado el séptimo lugar del país donde más asesinatos se cometieron durante el año pasado.

El martes 19 en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, dieron a conocer las cifras de homicidios dolosos acumulados de enero a febrero. Guanajuato encabeza el primer lugar del país con 481 asesinatos; seguido del Estado de México con 418 homicidios; Baja California con 415, Chihuahua con 346 y Guerrero con 301, destacando que en febrero se registraron 156, 11 más que en enero.

La amenaza de la desaparición

Debido a la constante violencia que se registra en Guerrero, tras recibir la solicitud correspondiente, el Senado aprueba iniciar mecanismo para desaparición de poderes en Guerrero. Lo pidió la bancada del PAN. En respuesta, el senador morenista Félix Salgado Mecedonio, quien también anda en campaña por la reelección, amenazó con solicitar la misma acción en estados que gobierna la oposición.

De acuerdo con la legislación respectiva, la desaparición de poderes se refiere a la extinción o pérdida de la posibilidad de continuar ejerciendo el poder por parte del titular del Ejecutivo y las funciones públicas estatales por el Poder Legislativo o Judicial en una entidad federativa.

Salgado Macedonio advirtió que, al ser mayoría en el Congreso de la Unión, se podrían “desaparecer” poderes en pleno proceso electoral en varias entidades. “Si nos metemos en este embrollo no vamos a salir», señaló en medio de críticas de la oposición por esta amenaza.

Como información adicional, por no tener la edad mínima para estar al frente de la institución, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza renunció al cargo de vicefiscal de Investigación y dejó de ser encargado de despacho de FGE. La edad mínima es de 30 años. Como es de conocimiento general, tras remover a Valdovinos Salmerón, Salgado Pineda designó en su lugar al ahora renunciante. Su relevo es Gustavo Romero Rosas.

El martes 19, Hernández Mendoza dirigió un oficio a la gobernadora en el que anota: “El día de hoy, con la satisfacción de haber cumplido con el deber que se me confirió presento mi renuncia con carácter de irrevocable como vicefiscal de investigación con funciones de encargado de despacho. Lo anterior se debe a que después de un ejercicio de conciencia y legalidad, así como en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 111 de la fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, es que he decidido separarme del cargo, en virtud de no cumplir con la edad mínima requerida para ser titular”.