Comienza reposición de juicio a la esposa de ex alcalde de Iguala preso por narco

* Ordena tribunal federal dar entrada a pruebas y careos que el juez había desechado

* La ex presidenta del DIF de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, y José Luis Abarca fueron detenidos en el 2014 a raíz de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

Joel Solís Vargas

Este miércoles 10 de enero, un tribunal federal de apelación ordenó dar entrada a nuevas pruebas para reponer el juicio que sentenció a 10 años de prisión a María de los Ángeles Pineda Villa —esposa del exalcalde de Iguala José Luis Abarca—, por delincuencia organizada para cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como informaron con profusión los medios en su momento, el matrimonio que gobernaba Iguala huyó pocos días después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando era evidente que el escándalo los involucraría a ambos de alguna manera.

Ahora, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en el Estado de México ordenó al Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales admitir las pruebas que ofreció Pineda Villa y carearla con Sidronio Casarrubias Salgado, El Chino, ex líder del grupo criminal Guerreros Unidos, pues ya hace unos meses la pena contra Pineda Villa había sido invalidada por orden judicial.

La prueba que presentaron los abogados de María de los Ángeles Pineda para obtener tal resolución consistió en copias de la sentencia que determinó que Casarrubias Salgado fue torturado para que declarara contra ella y su esposo, pues su confesión obtenida con tortura fue la base para la sentencia de la ex presidenta del DIF igualteco.

En un principio, el juzgado no aceptó las copias de la sentencia, ni el careo con Sidronio Casarrubias. La mujer apeló, y el Tribunal Colegiado determinó que el juez debe admitir esas pruebas.

Pineda Villa fue capturada junto con su esposo, José Luis Abarca, en noviembre del 2014 en una casa de la alcaldía Iztapalapa, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En abril del 2015, el juez tercero de distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México les dictó formal prisión por el delito de delincuencia organizada.

De acuerdo con las declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado, detenido por la desaparición de los normalistas, la entonces presidenta del DIF municipal era la principal operadora del crimen organizado en Iguala al servicio del cártel de los Beltrán Leyva —porque sus hermanos Mario y Alberto Pineda Villa eran operadores financieros de ese grupo— y de Guerreros Unidos, pues Iguala era uno de sus centros de operación.

En su declaración, Sidronio Casarrubias aseguró que el entonces alcalde entregaba cada mes a Guerreros Unidos entre 2 y 3 millones de pesos de las arcas de Iguala, dinero con el cual el grupo pagaba a los directores de las policías de Taxco, Cocula, Buena Vista de Cuéllar, Tepecoacuilco, Huitzuco y Teloloapan, para tener esas corporaciones a su servicio.

Sin embargo, por una deficiencia crítica de la Fiscalía General de la República, en mayo del año pasado, un juez federal absolvió a Sidronio Casarrubias Salgado del delito de delincuencia organizada: la FGR no pudo demostrar la existencia de la organización delictiva Guerreros Unidos.