Ya se sabía: no estaban desaparecidos

Normalistas de Ayotzinapa luego del informe que presentó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, pidieron a los integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia continuar con las investigaciones en torno a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, a pesar que el funcionario federal dejó en claro que no hay indicios que los 43 alumnos desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 estén vivos. Ya no tienen pretexto para el vandalismo.

A similar conclusión llegó la indagación de la entonces Procuraduría General de la República: los normalistas fueron ultimados por maleantes que creyeron que se trataba de una pandilla rival que iba a despojarlos de un cargamento de enervantes.

De hecho, el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que mandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición de los familiares de los normalistas tampoco difirió de la investigación oficial; lo único que agregó el GIEI, en septiembre de 2016, es que la incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula despertaba dudas, por lo que recomendó a las autoridades correspondientes proseguir la búsqueda de los 43 normalistas que incursionaron en Iguala.

A casi cuatro años de nuevas indagaciones, la comisión que preside Encinas Rodríguez señala que desde enero de 2019, poco después del arranque del gobierno de AMLO, reinició la búsqueda de los 43 normalistas. Fueron 101 búsquedas en seis municipios, Iguala y cinco circundantes.

Como las autoridades municipales, estatales y federales tenían conocimiento de las movilizaciones de normalistas y también supieron que los estaban atacando maleantes y no intervinieron para salvarlos, son culpables por omisión.

Posteriormente, diversas autoridades en acción concertada contribuyeron a fortalecer lo que exprocurador general de la República llamó “verdad histórica”, motivo por el cual, serían procesados judicialmente.

La Comisión de la Verdad concluye que se trata de un “crimen de Estado” ya que el grupo delictivo agresor de los normalistas actuó con apoyo de corporaciones policiales de Iguala, Huitzuco y Cocula. El aporte que hace este informe es que hay la presunción que sacaron a los normalistas de Iguala, ya cautivos, con rumbo al vecino estado de Morelos, sin que hubiera complicaciones para pasar por varios retenes policiales.

Sin embargo, la conclusión definitiva es que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.

Recomienda la comisión de Encinas Rodríguez proseguir la búsqueda de los restos de los normalistas en los ríos de tres municipios vecinos de Iguala.

Al contrario de lo que ocurrió en noviembre de 2014, cuando la exPGR dio a conocer la conclusión de las indagaciones, esta vez los normalistas y familiares de las víctimas reaccionaron con estupor. Van a consultar a los integrantes del GIEI y también van a analizar el informe final de la Comisión de la Verdad. De entrada, están contrariados porque esperaban que fuera inculpado el anterior Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, al que siempre señalaron como responsable de la agresión.

El informe se dio a conocer el jueves 18 y un día después, las autoridades federales informaron la detención de Jesús Murillo Karam, quien fuera encargado de la Procuraduría General de la República, aunque no por otro delito que obstrucción de la justicia. La detención “responde más a un tema político, que de justicia”, consideró la dirigencia nacional del partido tricolor,

Según comunicado de la Fiscalía General de la República (exPGR) el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Según el comunicado, están vinculados con lo ocurrido en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014. “Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia”.

Insisten en la búsqueda

A escasas horas de que los normalistas dieran su postura sobre las conclusiones de la Comisión de la Verdad, ocurre la detención de Murillo Karam. No tiene relación porque Encinas Rodríguez anunció proceso legal contra más de un centenar de implicados en ocultar y fabricar pruebas incriminatorias.

Los normalistas en conferencia de prensa pidieron que sea extraditado Tomas Zerón de Lucio, encargado de las investigaciones del Caso Ayotzinapa, a la brevedad posible “ya que él tiene cuentas que pagar en México; le debe al pueblo, debe 43 estudiantes”, según uno de los conferencistas. También pidieron a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia continuar con las investigaciones en torno a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Advirtieron, porque consideraron que no es verídico dicho informe, que a pesar de los avances en las investigaciones continuarán movilizándose “hasta que las autoridades den con el paradero de nuestros 43 camaradas” y advirtieron que bajo ninguna circunstancia permitirán que se cierre el caso hasta que se castigue a los responsables de los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala.

Ante esto, dijeron que no quieren castigos a través de procedimientos, como el utilizado por funcionarios de la administración federal anterior, quienes “arrancaron” declaraciones a base de tortura a más de 70 detenidos y la participación de testigos falsos.

De acuerdo con el informe de la comisión que preside Encinas Rodríguez, se tiene conocimiento que de un quinto autobús, la noche del 26 de septiembre, fueron bajados los normalistas y la unidad salió directo a Morelos, “a pesar de que estaban instalados 16 retenes en todas las entradas y salidas de Iguala, así como de los municipios cercanos a la ciudad. Nunca detuvieron a ese quinto autobús”, deploró otro de los normalistas.

Los estudiantes normalistas también reclamaron que las actuales autoridades federales “pretenden seguir ocultando la verdad”, al pretender absolver de toda responsabilidad al expresidente de la República, es decir Peña Nieto, porque según la lógica de los normalistas, tuvo que haber autorizado la elaboración de la llamada “Verdad Histórica”.

Según los normalistas, sus colegas hace casi siete años “nunca se quedaron todos en un solo lugar, lo que quiere decir que nuestros compañeros nunca estuvieron en el basurero de Cocula; pero aquí es importante recalcar que el Gobierno y las investigaciones que se siguen dejan en claro que todos nuestros camaradas fueron asesinados”.

De esos hechos, dijeron los estudiantes, fueron testigos elementos del Ejército Mexicano y de la Marina; “estaban viendo cuando desaparecían a nuestros compañeros y no hicieron nada, tan es así que el Ejército tenía a un infiltrado entre nuestros compañeros y dejó que hasta su camarada también desapareciera, todo por encubrir el crimen de estado”.

En información relacionada, los familiares del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, convocaron a una marcha a realizar el último domingo de agosto para exigir que él y su pareja, expresidenta del DEIF municipal, sean liberados tomando en cuenta que el reciente informe dado a conocer del caso Ayotzinapa los exculpa. El exalcalde fue detenido por estar presuntamente vinculado al crimen masivo de normalistas. Específicamente, se molestó porque llegaron a interrumpir el informe de su esposa, pero los normalistas llegaron cuando ya había sucedido.