Armas alemanas usadas en el ataque a los 43: CADM

* Se utilizaron rifles de asalto G36, otra pista importante para esclarecer el caso

* El gobierno Alemán tiene responsabilidad, pues permitió que la empresa Heckler&Coch vendiera al gobierno de Guerrero esos rifles, señala Carola Hausotter

Chilpancingo, Gro.- La Coordinación Alemana por los Derechos en México (CADM) aseveró que a cinco años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, aún queda por aclarar y deslindar responsabilidades por el uso de fusiles de asalto G36 que se utilizaron en el ataque de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en contra de los normalistas, en los trágicos acontecimientos ocurridos en Iguala, cuando también fueron asesinados tres estudiantes y otros tres civiles.

La Coordinación Alemana por los Derechos en México (CADM) fijó una postura en torno a esos hechos y recordó que aquella noche también fueron asesinadas seis personas. «El paradero de los jóvenes sigue sin aclararse para las familias, sus compañeros, la sociedad mexicana y para amplios sectores de la comunidad internacional, esto es inaceptable», dijo Carola Hausotter, integrante de esa organización no gubernamental.

A través de un comunicado, Carola Hausotter hizo una reseña del estado que guarda el caso y de la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de crear una Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, y de los encuentros que ha sostenido con los padres de esos muchachos desaparecidos.

Señaló que la Coordinación Alemana respalda la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) «de reabrir las investigaciones y de procesar a los anteriores investigadores, (porque) ha sido probado que éstos se involucraron en manipulaciones del caso».

Lamentó que, a cinco años de esta desaparición forzada, hayan sido liberados ya 77 implicados, entre ellos Gildardo López Astudillo «El Cabo Gil», uno de los principales integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos (GU).

Agregó que a cinco años de aquellos hechos, «la voluntad política no es suficiente por sí sola; Ayotzinapa sigue siendo un caso ejemplar de la impunidad sistemática, así como las otras más de 40 mil víctimas de desaparición forzada en México», y que para que se esclarezca el caso es necesaria y urgente la asistencia internacional al gobierno federal mexicano.

Carola Hausotter subrayó que también el gobierno Alemán tiene responsabilidad, pues permitió que la empresa Heckler&Coch vendiera a México, y en particular al gobierno de Guerrero, fusiles de asalto G36 que fueron «entregados de manera irregular».

Recordó que varios de esos fusiles fueron utilizados durante los ataques a balazos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014. «Fueron empleados durante el ataque; la empresa Heckler&Coch fue condenada en febrero del 2019 a una multa millonaria».

No obstante, aseveró que «no pudo demostrarse la culpabilidad de los principales responsables y el papel de los funcionarios alemanes en la operación no fue suficientemente aclarado; con esto el rastro de impunidad llega hasta Alemania».

De 2006 a 2009, la empresa Heckler&Coch vendió a México y a varios gobiernos estatales mexicanos 4 mil 500 rifles de asalto G36, con un valor de 4.1 millones de euros. De esa cifra, mil 924 rifles de asalto se vendieron al gobierno de Guerrero, que en ese momento encabezaba Zeferino Torreblanca Galindo.

Esos casi 2 mil rifles de asalto fueron entregados a diversas corporaciones policiales de la entidad y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2019 se comprobó que al menos 36 fusiles G36 se utilizaron para agredir en diversos momentos a los normalistas en Iguala.

En aquel momento (2006), en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Chihuahua fueron modificados sus estatus de problemas en materia de Derechos humanos en el informe final que presentó la compañía Heckler&Coch ante el Ministerio de Exteriores de su país, y que a la postre le valió la aprobación para la venta de esos fusiles a México y a Guerrero en particular.

Tras los hechos de Iguala, el gobierno Alemán inició una investigación por esta venta irregular de armas, y la empresa y varios de sus funcionarios fueron multados con diferentes cantidades monetarias en aquel país europeo, aunque en México o en Guerrero no se hayan deslindado responsabilidades por la compra de ese armamento. (IRZA)